“Trabajamos en crisis todo el tiempo”. Las prácticas inseguras de liberación del ICE ponen en peligro a las personas que están detenidas.

Cuando la pantalla de video conectó al abogado Homero López Jr. con el centro de detención Pine Praire en Luisiana, su cliente Luis* no estaba ahí.

Luis tenía un historial de enfermedad mental grave y fue declarado como incompetente para representarse a sí mismo en el tribunal de inmigración. López, director legal de Immigration Services and Legal Advocacy (Servicios de Inmigración y Defensa Legal, ISLA) en Nueva Orleans, fue asignado para ayudarlo a navegar por sus procedimientos de deportación.

Luis pasó más de tres meses en confinamiento solitario en el centro de detención Pine Praire, condiciones que las Naciones Unidas consideran como tortura y son conocidas por exacerbar los síntomas de una enfermedad mental. Sus medicamentos no evitaban las alucinaciones auditivas. En algún momento, dijo que las voces en su cabeza estaban empezando a enojarse con él.

Cuando su abogado preocupado se registró para una videollamada programada para el 7 de diciembre de 2020, los guardias del Grupo GEO, la empresa de prisiones privadas que administra Pine Praire, dijeron que Luis se había ido. ISLA se comunicó con Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE) y se enteró de que su cliente había sido liberado, lo subieron a un autobús de Luisiana a California, a una dirección donde nadie de su familia había vivido por lo menos durante un año.

Esta noticia desató una lucha frenética para garantizar la seguridad de Luis. A diferencia de muchos inmigrantes esperanzados, Luis tenía derecho a un abogado bajo el National Qualified Representative Program (Programa Nacional de Representación Calificada, NQRP). NQRP ofrece representación legal para inmigrantes detenidos que no están representados legalmente y que han sido declarados por un juez o por la Board of Immigration Appeals (Junta de Apelaciones de Inmigración, BIA) como incompetentes para representarse a sí mismos en sus procedimientos de inmigración debido a una afección grave de salud mental. Las liberaciones inseguras han puesto en peligro a los clientes de NQRP durante años.

No hay una política o práctica consistente para la liberación de personas que el gobierno ha considerado como incapaces de defenderse a sí mismos de la detención de inmigración. Como resultado, los abogados informan el siguiente patrón: las personas que han sido declaradas como incompetentes mentalmente debido a discapacidades cognitivas o enfermedades mentales son expulsadas de los centros de detención de inmigración sin avisar a sus abogados, familias o cuidadores, y son abandonados para valerse por sí mismos en lugares como estacionamientos y estaciones de autobuses, con solo la ropa que tenían cuando fueron arrestados y con tarjetas de débito que con mucha frecuencia no pueden activar. Algunos nunca son encontrados.

Aunque los proveedores de servicios legales han informado durante años las liberaciones inseguras de los centros de detención de inmigración, muchos dicen que el problema ha empeorado durante la pandemia de COVID-19, ya que el ICE libera abruptamente a las personas de una manera indigna y peligrosa; personas que están enfermas y con un alto riesgo de contraer el virus. A pesar de las necesidades obvias de salud y las complicaciones médicas, muchas personas fueron literalmente abandonadas en la calle. Otras con afecciones físicas y de salud mental graves fueron liberadas de la custodia del ICE sin medicamentos recetados, asistencia de transporte, sin la posibilidad de comunicarse con un abogado o familiar, incluso sin un lugar para pasar la noche.

Durante un periodo de tres meses, al inicio de 2021, López dijo que cuatro clientes de ISLA fueron liberados sin ninguna notificación a sus abogados. “Es una completa indiferencia por su bienestar”.

La muerte de Martín Vargas Arellano

Los últimos días de Martín Vargas Arellano atrajeron la atención nacional hacia este problema generalizado. Vargas Arellano, quien había vivido en Estados Unidos durante más de 50 años, pasó los últimos dos años de su vida en el Adelanto ICE Processing Center (Centro de Procesamiento de ICE Adelanto), un centro privado de detención en California que es operado por el ICE y el Grupo GEO. Tenía un historial de enfermedad mental grave, incluida esquizofrenia, y fue considerado incompetente para defenderse por sí mismo en sus procedimientos de deportación. Durante la mayor parte del tiempo requería una silla de ruedas porque padecía diabetes, hipertensión, celulitis y otras afecciones.

Cuando la COVID-19 atacó por primera vez a los Estados Unidos, Vargas Arellano estaba considerado como una de las personas más vulnerables médicamente en Adelanto, y fue el demandante en una demanda legal de acción de clase presentada en marzo de 2020 por la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles), que demandaba que el centro de detención redujera su población para cumplir con las directrices federales de distanciamiento social. A pesar de la rápida propagación de la COVID-19 en ambientes aglomerados como los centros de detención de inmigración, Vargas Arellano no fue liberado en 2020. Contrajo COVID-19 en diciembre durante un brote en el centro de detención y cayó gravemente enfermo. Fue hospitalizado tres veces.

El 3 de marzo de 2021, Vargas Arellano sufrió un derrame cerebral grave. Dos días después, el ICE lo liberó de Adelanto sin decir una palabra a Margaret Hellerstein, la abogada del Esperanza Immingrant Rights Project (Proyecto Esperanza de los Derechos de los Inmigrantes), quien era su representante.

Vargas Arellano murió el 8 de marzo de 2021 debido a complicaciones ocasionadas por el COVID-19. Estaba solo en un hospital a 75 millas de Adelanto. Ni sus hijos ni su abogada fueron notificados de que había sido liberado. Solo cuando Hellerstein se comunicó con el ICE el 15 de marzo, los funcionarios le informaron que ya no estaba detenido en Adelanto, aunque el funcionario de deportación se rehusó a decir a dónde o con quién fue liberado. Hellerstein llamó a la policía y levantó un reporte de persona extraviada por Vargas Arellano, quien para ese momento llevaba muerto más de una semana.

El Departamento de Policía de Los Ángeles obligó al ICE a revelar, el 17 de marzo, que la última dirección conocida de Vargas Arellano era Providence St. Jude Medical Center en Fullterton, California. El 18 de marzo, el médico forense del condado de Orange le dijo a Hellerstein que Vargas Arellano había muerto allí. Hellerstein creyó que después de un año de no poder liberarlo durante la pandemia, el ICE liberó a Vargas Arellano justo antes de su muerte para evitar incluirlo en las estadísticas de muertos en custodia, que habían sido más altas el año anterior que en cualquier año desde 2005.

“Su muerte está totalmente en sus manos”, dijo Hellerstein a Los Angeles Times. “Ellos lo ocultaron y lo liberaron para que no tuvieran que responder por eso. No tendría que haber llamado al médico forense para averiguar que mi cliente había muerto una semana antes”.

Notificar al abogado de registro cuando una persona con una afección mental grave va a ser liberada de la detención es lo mínimo que el ICE debería hacer, dijo Hellerstein. “No es mucho lo que estamos pidiendo... Pero ellos no ven a los inmigrantes con registros criminales como seres humanos”.

Cerca de un mes después de la muerte de Vargas Arellano, la BIA emitió una decisión diciendo que el juez de inmigración que le negó cualquier forma de ayuda debería haber reconsiderado su solicitud de protección de deportación bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Si Vargas Arellano hubiera sobrevivido, se le hubiera podido otorgar ayuda en cuanto a la deportación.

No se dio aviso

La manera en que las personas son liberadas del enorme aparato de detención del ICE, una desbordante red de cárceles rurales y urbanas, centros federales de detención y centros administrados por privados, varía mucho y es impredecible.

En muchos casos, los abogados no son notificados cuando sus clientes son abandonados en la calle. Incluso cuando el ICE notifica a los abogados de la próxima liberación de sus clientes, a menudo es con poco tiempo de anticipación. Esto presenta problemas de logística, ya que muchos centros de detención están a varias horas de viaje de los centros de población.

La alegría que Hellerstein siente cuando sus clientes son liberados de un centro de detención del ICE está mezclada con pánico. “Te emocionas y te horrorizas al mismo tiempo”, dijo. Muchas personas son detenidas a varias horas de distancia de sus familias, incluso más lejos. “Se realiza un esfuerzo enorme para conseguir un conductor que los recoja, buscar el dinero para instalarlos en un hotel o encontrar un lugar seguro para que se queden. Tenemos un plazo de tiempo muy corto”.

Tania Morris Díaz y Rubí Robinson del Michigan Immigrant Rights Center (Centro de los Derechos de los Inmigrantes de Michigan) informaron que uno de sus clientes acabó en la custodia de su esposa abusiva después de su liberación abrupta e insegura de un centro de detención del ICE. A Javier*, quien había sido diagnosticado con una psicosis no especificada y era considerado incompetente para representarse a sí mismo, se le había otorgado la cancelación de la expulsión con base, en parte, en la evidencia de que había sido víctima de violencia doméstica grave a manos de su esposa. Después del dictamen, el ICE se rehusó a notificar por adelantado a su equipo legal sobre cuándo sería liberado para que su hermano pudiera hacer planes para usar tiempo de sus vacaciones en el trabajo y volar desde Florida para recogerlo. Entonces, abruptamente, el ICE anunció que sería liberado en las próximas horas.

“Ellos dijeron, ‘si no lo recogen, vamos a liberarlo en la calle’”, dijo Robinson. “Esto significa dejar todo y encontrar una manera segura de arreglar la transición de nuestro cliente desde la cárcel a su familia. Trabajamos en crisis todo el tiempo”.

El Centro de Derechos del Inmigrante de Michigan luchó para poner al hermano de Javier en un vuelo y le pidió al ICE que lo detuvieran hasta que su hermano llegara a las 7:00 p. m. En lugar de eso, la cárcel lo liberó cerca de las 4:00 p. m. en el invierno de Michigan, sin sus medicamentos y solo con la ropa que estaba usando cuando fue arrestado el verano anterior. No tenía identificación ni ningún medio para comunicarse con su equipo legal.

“Es un problema liberar a alguien que sufre una enfermedad mental sin notificar a nadie. Todavía deliraba cuando lo liberaron”, dijo Díaz. “Sabían que tenía representación, pero esencialmente liberaron a alguien que toma medicamentos y que es víctima de violencia doméstica sin entregarlo a nadie”.

La abogada de Javier presentó un reporte de persona extraviada. Pero antes de que la policía pudiera encontrarlo, sus abogados dijeron que la esposa de Javier, a quien el tribunal encontró culpable de abusar de él, lo localizó. Eventualmente, su hermano pudo conseguir su custodia, pero no antes de haber enfrentado un gran riesgo.

“No es seguro”, dijo Robinson. “Estuvo vagando en las calles, por su cuenta, después de haber sido declarado incompetente, sin medios para conseguir ayuda”.

Algunos funcionarios de deportación son serviciales, dijo Robinson. Dan una fecha de liberación que permite que los familiares tengan tiempo para planificar recoger de manera segura a las personas que salen de la detención y dan tiempo a los abogados para coordinar con los médicos que puedan garantizar que tengan un suministro de 30 días del medicamento y soporte comunitario.

“Cuando alguien es liberado de un hospital, siempre hay un plan para darlo de alta”, dijo Robinson.

Maltrato agravado

Los abogados del NQRP informan que las liberaciones inseguras del ICE de sus clientes con problemas médicos a menudo son consecuencia de negligencia médica durante la detención, lo que agrava el daño que ya les han hecho.

En 2020, el U.S. House Committee on Oversight and Reform (Comité del Congreso de los EE. UU. sobre Vigilancia y Reformas) y el Subcommittee on Civil Rights and Civil Liberties (Subcomité sobre Derechos Civiles y Libertades Civiles) analizaron los informes del U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU., DHS) que examinan las muertes de personas detenidas en centros de detención del ICE administrados por contratistas privados. Informaron falta de personal médico vital y una falla generalizada a la hora de proporcionar la atención médica necesaria a las personas con afecciones médicas graves y crónicas.

Los defensores dicen que Vargas Arellano es una de las muchas personas enfermas que se permitió se deteriorara en las terribles condiciones de detención y que su liberación fue parte de un patrón generalizado para liberar secretamente de los centros de detención del ICE a personas con enfermedades terminales para evitar tener que informar muertes relacionadas con COVID-19.

El ICE se rehusó a informar públicamente la cantidad de personas detenidas que fueron hospitalizadas por COVID-19 o que murieron mientras estaban hospitalizadas después de contagiarse con el virus mientras estaban en detención. Una investigación sobre la muerte de Vargas Arellano dio pie a que un tribunal federal obligara al ICE a informar cuando una persona en detención que resultó positivo en la prueba de COVID-19 sea llevada al hospital o muera.

Falta de información

Es frecuente que cuando las personas con necesidades médicas complejas y necesidades de atención mental abandonan la detención del ICE, su diagnóstico y tratamiento no son compartidos con los que serán responsables de su atención.

En marzo de 2021, el ICE llamó a Lara Nochomovitz al Centro de Detención LaSalle en Jena, Luisiana, para que pasara a recoger a Ana*, una mujer de Guatemala. Nochomovitz, una abogada privada, coordinó el viaje y consiguió una casa gratis para inmigrantes que necesitan asistencia temporal después de ser liberados de los centros de detención en el estado. El ICE casi no entregó información acerca de Ana, quien tenía representación del NQRP debido al hecho de que tenía una discapacidad intelectual grave.

Ana se veía feliz fuera del centro de detención, de acuerdo con Nochomovitz, pero rápidamente se hizo evidente que no estaba preparada para ir por la vida sin ayuda. Estaba vestida de una manera desaliñada y era difícil entenderle. “Era claro que no tenía idea de quién era yo o qué estaba sucediendo”, dijo Nochomovitz. “Ella dijo ‘¿ahora trabajo contigo? ¿Vamos a ir a trabajar?’”

Fue difícil evitar que Ana se escapara de la casa. Cuando un jefe de bomberos pasó por la casa, ella trató de irse en su carro. “No comprendía el concepto de persona extraña peligrosa”, dijo Nochomovitz. “Se hubiera ido con cualquier persona”.

Nochomovitz dijo que habían liberado a un hombre con COVID-19 de un centro de detención del ICE y no le habían dado ningún suministro de insulina, que el hombre necesitaba todos los días. El hombre no podía decir qué medicina necesitaba exactamente, y Nochomovitz tardó días en averiguar qué medicina era y cómo podía conseguirla. “No le entregaron medicina y tenía COVID-19, así que tenía que estar en cuarentena, y no parecía comprender cuál era su condición médica”, dijo. Cuando ella llamó al ICE para solicitar una lista de sus medicamentos, un funcionario de deportación le dijo bruscamente que el hombre ya no era responsabilidad del ICE.

El director legal de ISLA, Homero López Jr., estaba muy preocupado acerca de si a su cliente Luis le entregaron los medicamentos que necesitaba cuando fue liberado abruptamente del centro de detención y puesto en un autobús con destino a la antigua dirección de su familia en California. El equipo legal de ISLA pasó días llamando a colegas en todo el país para ver si ellos podían buscarlo en alguna de las paradas del autobús en el camino.

Luis llegó a Bakersfield, California, donde terminó en un centro de rehabilitación. El trabajador social se comunicó con su equipo legal, pero luego Luis se fue. López dice que Luis llama periódicamente para ver si saben algo acerca de sus procedimientos de inmigración, siempre desde un restaurante o de la casa o teléfono de alguien más. No tiene estabilidad en su situación de vida, y su caso sigue pendiente en el tribunal de inmigración.

La detención no debería ser la primera solución

Los defensores de personas detenidas que son médicamente vulnerables o que viven con discapacidades mentales insisten en que la detención no debería ser la primera solución. Las personas con necesidades complejas están más seguras cuando tienen permitido esperar los procedimientos del tribunal de inmigración mientras están viviendo en sus casas en la comunidad, y no detenidos civilmente, donde el alojamiento necesario y razonable difícilmente está hecho para ellos.

Los abogados y defensores dicen que hay que aplicar ciertos requerimientos mínimos necesarios para la liberación segura de todas las personas detenidas, pero particularmente de las personas que son vulnerables por condiciones médicas y discapacidades. Programar y confirmar la fecha y hora de la liberación, y cualquier cambio a esa fecha y hora, con el equipo legal de la persona y con la familia es lo mínimo indispensable. El ICE también debería garantizar que las personas son liberadas con suficiente suministro de cualquier medicamento que puedan necesitar. Cuando se realice la liberación en una estación de autobús u otro centro de transporte, el ICE debe garantizar que la estación está abierta, que los boletos de transporte están disponibles el día y la hora de la liberación y que la persona puede llamar a su equipo legar o a su familia antes de la liberación. El ICE también debe garantizar que las personas sean liberadas con los fondos del economato que tengan, y que estén disponibles para tener acceso inmediato a ellos, incluyendo instrucciones sobre cómo hacerlo en el idioma preferido de la persona. Cuando el ICE libera a personas de manera insegura, debería haber responsabilidad y sanciones.

Con mucha frecuencia, no se toman ninguna de estas precauciones, poniendo en peligro innecesariamente a las personas que, probablemente, tengan dificultades para arreglárselas por su cuenta. Cuando los abogados pueden encontrar a sus clientes en estos casos, a menudo están en la cárcel, un hospital, o peor aún, en la morgue.

“Te da felicidad encontrarlos en la cárcel”, dijo Hellerstein. “Es mejor que estén en la cárcel que muertos”.

Para conocer más acerca del Programa Nacional de Representantes Calificados (NQRP) de Vera, y para apoyar nuestro trabajo, visite vera.org/projects/national-qualified-representative-program.

*Los nombres de los clientes han sido cambiados para proteger su identidad.

Read in English.