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Raina y Ana* no comprendían los documentos que les dieron mientras se encontraban sentadas, con las manos y los tobillos encadenados, en una cárcel en el norte del estado de Nueva York. Ambas eran oriundas de México; Raina había escapado de una situación de violencia doméstica y Ana había huido de su localidad después de recibir amenazas por parte de personas que habían torturado y asesinado a su hermano. Si bien habían llegado a Estados Unidos por separado y por distintos motivos, las dos mujeres veían al país como un lugar de esperanza y seguridad.

El derecho estadounidense e internacional permite que las personas que huyen de contextos de peligro soliciten asilo. Pero cuando Raina y Ana fueron interceptadas por agentes de la Patrulla Fronteriza tras ingresar en Estados Unidos en busca de seguridad, fueron detenidas en lugar de ser socorridas. Diversas investigaciones demuestran que no es necesario detener a las personas en condiciones semejantes a las de una cárcel para asegurar que comparezcan en procedimientos ante la justicia inmigratoria. Aun así, Raina y Ana fueron obligadas a pasar semanas encerradas en la Cárcel del Condado de Clinton, que forma parte del extensísimo sistema de detención inmigratoria de Estados Unidos.

“Lloraba muchísimo”

El sistema de detención inmigratoria de Estados Unidos está compuesto por una red sombría de cárceles locales, prisiones, establecimientos bajo gestión privada e incluso predios vallados. Ana relató que las celdas en la Cárcel del Condado de Clinton eran muy frías, y que la experiencia de estar encarcelada le resultó difícil. “Estábamos muy tristes”, dijo. “Yo lloraba muchísimo”.

A ambas mujeres les sorprendió el trato que recibieron al llegar a Estados Unidos. “Vienes aquí buscando escapar del peligro”, dijo Ana. “Cuando llegamos a la cárcel, me sentí devastada. Te llevan con esposas; no solamente en las manos, sino también con cadenas en los pies”.

Fue en la Cárcel del Condado de Clinton que un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos les entregó, tanto a Raina como a Ana, órdenes de expulsión acelerada para que firmaran. Pero las órdenes estaban en inglés, y no se ofreció traducción al español. Cuando preguntaron qué era lo que les estaban dando, nadie respondió. “Solo dijeron: ‘Firma aquí, firma aquí y firma aquí’”, recordó Ana.

Y ellas hicieron lo que les indicaron. Sin saberlo, con sus firmas habían renunciado a su derecho a solicitar asilo y habían aceptado ser deportadas a México.

Otra mujer detenida, que sí sabía leer en inglés, les hizo saber a Raina y a Ana que, al firmar esos documentos, básicamente habían aceptado la deportación. Ante esta situación, las infundió un sentimiento de devastación y soledad. Obligar a una persona a firmar documentos que no puede leer es una práctica muy común en los centros de detención inmigratoria, en los cuales a demasiadas personas se les niega la posibilidad de comprender y ejercer sus opciones legales, así como de tomar decisiones informadas.

La crueldad de la detención inmigratoria

No hay dudas de que Raina y Ana habrían sido deportadas si no hubiera mediado la intervención de Halinka Zolcik, una representante acreditada de Prisoners’ Legal Services of New York, que participa del Proyecto de Unidad Familiar para Inmigrantes de Nueva York (New York Immigrant Family Unity Project, NYIFUP). Nueva York fue el primero de un grupo cada vez mayor de estados y municipios de todo el país en crear un sistema público de defensoría para que las personas que enfrenten la posibilidad de deportación puedan contar con representación legal gratuita. El Vera Institute of Justice y la National Partnership for New Americans han lanzado la campaña Fairness to Freedom con el propósito de impulsar legislación que establezca este derecho a nivel federal.

El financiamiento público permite que personas como Zolcik brinden servicios legales a quienes los necesitan de manera acuciante. Afortunadamente, Zolcik se puso en contacto con Raina y Ana justo a tiempo. “Si no hubiéramos detectado esta situación en ese preciso momento, podrían haber sido deportadas y volver a situaciones de abuso”, manifestó Zolcik. “Me atemoriza pensar cuántas órdenes de expulsión acelerada se firman sin que las personas sepan siquiera qué están firmando”.

Existe una necesidad urgente de contar con representantes solventados con fondos públicos, como Zolcik. Mientras que a las personas que enfrentan cargos penales se les garantiza el derecho a la representación legal como un componente del debido proceso, ese derecho no se contempla para las personas que enfrentan procedimientos inmigratorios de tipo civil. Y si bien es habitual que a las personas como Raina y Ana se las prive de la libertad y lidien con otras consecuencias graves mientras esperan el día en que tendrán que comparecer en los tribunales, la mayoría de las personas que se encuentran en esa misma situación no tienen un representante legal que proteja sus derechos. En contraposición con ello, el gobierno que intenta deportarlas siempre está representado por un abogado sumamente preparado.

La ley inmigratoria es muy compleja y suele requerirse una enorme solvencia jurídica para que una persona pueda demostrar que tiene derecho a permanecer en Estados Unidos. También es prácticamente imposible que personas como Raina y Ana escapen al aparato gigantesco de detenciones y deportaciones de este país si no tienen un abogado una vez que han sido absorbidas por este sistema. Las personas detenidas que cuentan con representación legal tienen 3,5 veces más probabilidades de que se les conceda la libertad bajo fianza que quienes no cuentan con representantes, y tienen 10,5 veces más posibilidades de poder demostrar su derecho a permanecer en Estados Unidos.

Pero los servicios legales sobre inmigración pueden costar varios miles de dólares por caso, lo cual hace que contratar la ayuda de un profesional se torne imposible para muchas personas. De los 1,6 millones de personas que tienen casos en trámite ante tribunales de inmigración, más de 800.000 carecen de representación legal. Como consecuencia, todos los días, personas que tienen el derecho legal de permanecer en Estados Unidos son deportadas porque no pueden afrontar el costo de ser representadas por un abogado.

Dejaron de estar solas

Una vez que Zolcik fue designada como su representante, Raina y Ana manifestaron que el trato que recibían mejoró. Por ejemplo, los funcionarios de inmigración comenzaron a proporcionarles documentos traducidos. También recibieron información más clara sobre el proceso que tenían por delante. “Todo cambia cuando puedes decir que tienes un abogado y que no estás sola”, explicó Raina.

Zolcik afirma que es habitual que las personas migrantes tengan experiencias radicalmente diferentes en los centros de detención inmigratoria y ante los tribunales en función de si cuentan o no con abogados. “Cuando comencé a trabajar con estas mujeres, el ICE empezó a actuar con cautela”, afirmó. “Hubo un cambio diametral en el trato que recibían”.

Las órdenes de expulsión de Raina y Ana se revirtieron una vez que Zolcik logró obtener el testimonio de un funcionario del servicio correccional, quien confirmó que las mujeres no habían recibido una traducción al español de los documentos y que desconocían absolutamente lo que estaban firmando. Zolcik acudió al funcionario que supervisaba los casos de las mujeres y planteó los motivos por los cuales tenían derecho a solicitar asilo. El funcionario manifestó que no estaba al tanto de que las mujeres tuvieran temor de regresar a su país y que no habían solicitado una entrevista sobre temor creíble, que es un primer paso en el proceso para solicitar asilo. Ninguna de las mujeres sabía lo que era una entrevista sobre temor creíble ni tenía ninguna información acerca de cómo se presentan las solicitudes de asilo.

Zolcik se sentó con Raina y Ana durante las entrevistas de ambas, en las cuales explicaron por qué habían huido de sus hogares.

“En México, la policía no te protege realmente”, dijo Raina, quien se fue del país tras haber sido amenazada de muerte por su pareja. “Todos saben que, en México, muchas mujeres desaparecieron. Yo tenía miedo de convertirme en una de esas mujeres”.

Ana se sintió agradecida por no tener que estar sola cuando debió sentarse, encadenada de muñecas y tobillos, durante una entrevista de cuatro horas para relatar los momentos más difíciles y traumáticos de su vida, incluido el horroroso asesinato de su hermano. “Fue muy difícil”, dijo. “Tuve que explicar muchos momentos difíciles que atravesé en mi país. Sentí que estaba volviendo a vivir todo eso. [Zolcik] me ayudó a mantener el equilibrio mental”.

Zolcik logró que tanto a Raina como a Ana se les otorgara la libertad bajo fianza. Pasaron las entrevistas sobre temor creíble y el funcionario determinó que reunían los requisitos para solicitar asilo debido a las circunstancias que habían relatado. Finalmente, las dos pudieron salir de la cárcel.

El proceso a futuro

Ahora, Raina y Ana afirman sentirse aliviadas, esperanzadas, en paz y agradecidas por la asistencia que les brinda Zolcik. Esta ha podido ayudarlas a completar sus solicitudes de asilo y ha determinado que podrían reunir los requisitos para obtener visas de tipo U, que están disponibles para los sobrevivientes de determinados delitos contemplados, entre los cuales se incluye la violencia doméstica. Antes de conocer a Zolcik, no tenían ninguna información sobre esta vía para obtener la residencia legal. “Para mí, (ella) es un ángel. Me ayudó a que no me trataran como a una mala persona, aunque soy inmigrante”, expresó Ana. “Supo cómo guiarme en este camino”.

Cada vez son más los estados y municipios que trabajan para ofrecer servicios de patrocinio legal financiados por el Gobierno a personas que enfrentan procedimientos de deportación, para que no tengan que librar en soledad estas batallas. Si bien la inversión de Nueva York en NYIFUP y otras iniciativas de defensa contra la deportación ha generado ejemplos potentes de los beneficios que aportan los programas de representación universales, aún hay más de 50.000 personas en el estado de Nueva York que están atravesando procedimientos de deportación sin contar con un abogado.

La Ley de Acceso a la Representación (Access to Representation Act) que se ha propuesto establecería el derecho a contar con un asesor legal en los procedimientos judiciales inmigratorios del estado de Nueva York. Si este proyecto de ley se aprueba, significaría que toda persona en Nueva York que estuviera en riesgo de ser deportada recibiría representación legal, independientemente de su capacidad para pagar por ese servicio. Esas iniciativas en todo el país son los componentes esenciales de un sistema federal de representación universal que puede garantizar que nadie comparezca ante un tribunal de asuntos migratorios sin patrocinio legal que pueda ayudarles a comprender las opciones, a tomar decisiones informadas y a hacer valer sus derechos. La campaña Fairness to Freedom también trabaja para construir ese sistema federal de representación universal que ayudará a mantener a las familias unidas, a poner fin a la criminalización de personas que forman parte de comunidades que ya están marginadas y a proteger a las personas de las condiciones deplorables que se imponen en las detenciones por motivos migratorios.

“Es muy importante tener un abogado”, señaló Raina. “Su función es defender nuestros derechos porque somos seres humanos. Aunque estemos en otro país, somos seres humanos”.

*Los nombres han sido modificados para preservar la identidad.